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18 09 2018
Daniel Rafecas: La escuela y los juicios de lesa humanidad

El juez federal destaca la relevancia de trabajar en las aulas sobre el actual proceso de juzgamiento del genocidio argentino.


Una mirada comparada de los procesos genocidas cometidos en el mundo durante los últimos dos siglos, en los que la Argentina, lamentablemente, no constituyó una excepción -dirigidos primero a los pueblos originarios, luego a la población afro descendiente y finalmente, en fechas más recientes, a los perseguidos por razones políticas-, revela que sus perpetradores suelen dedicar iguales esfuerzos tanto a la comisión de crímenes masivos como al diseño y perpetuación de políticas de negación, olvido e impunidad posterior. 

En el caso de la más reciente dictadura argentina, las estrategias de negación e impunidad acompañaron todo el proceso represivo y -con la notable excepción del periodo luminoso en el cual se sustanció el juicio a las Juntas militares en 1985-, una vez dictadas las leyes de impunidad, en 1986 y 1987, los discursos negacionistas y relativistas del terrorismo de Estado continuaron vigentes durante la etapa post dictatorial al menos hasta 2003. 

Me refiero a discursos tales como la “teoría de los dos demonios”, la “guerra sucia”, el “algo habrán hecho”, la minimización de cifras de desaparecidos, las propuestas de “reconciliación” acompañados de indultos presidenciales, la mercantilización de las políticas reparatorias, las propuestas de “mirar hacia adelante” y de “dar vuelta la página” y muchos otros recursos, volcados a través de los medios masivos de comunicación, de los circuitos de educación formal en todos los niveles de enseñanza, y en los contenidos específicos de la historia oficial reciente de nuestro país. Entonces, si es cierto -como lo ha comprobado la Justicia argentina de manera reciente- que el terrorismo de Estado en nuestro país comenzó a desplegarse ya hacia fines de 1974, y que recién a partir de 2003 hubo un giro de 180 grados en las políticas a implementarse en esta materia, resulta que fueron prácticamente tres décadas durante las cuales estos discursos formaron parte de la cultura de nuestro país. 

Así, desde que en la Argentina se tomó la decisión política y judicial de proveer memoria, verdad y justicia frente al terrorismo de Estado, pasaron unos quince años hasta la fecha en los que venimos trabajando, desde todos los ámbitos posibles, en el sentido inverso a las tres décadas previas. Donde antes reinaban políticas de negación, olvido e impunidad, ahora tenemos el mandato ético y republicano de consolidar, en términos culturales, este nuevo camino forjado de reconocimiento de la enorme gravedad de los crímenes estatales cometidos, de juicio y castigo a los responsables del genocidio, y de políticas de memoria y de reparación consecuentes y a la altura de las circunstancias. 

Los juicios que se implementan a lo largo y ancho del país, en estos quince años recorridos, y que significaron la detención y el enjuiciamiento de unos 1500 represores (de los cuales la mitad ya están condenados), y el reconocimiento judicial de decenas de miles de víctimas de secuestro, torturas, abusos sexuales, pillaje, apropiación de niños y niñas, y homicidio agravado o desaparición forzada, resultan un componente central de esta política, y dado su valor no sólo jurídico, sino también histórico, cultural e institucional, con toda razón forman parte de la currícula de contenidos relacionados no sólo con la historia reciente, sino también con la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas en valores democráticos. 

La escuela es un ámbito fundamental para consolidar estos valores y estos objetivos. Para ello, el punto de partida clave resulta, claro está, la narrativa histórica de lo sucedido, sus antecedentes, el contexto social, económico y político, nacional e internacional, en el que va a emerger el Estado criminal; los móviles que guiaban a los perpetradores para cometer sus crímenes, el perfil de los colectivos de víctimas perseguidas; la resistencia frente al Estado opresor; el surgimiento de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones de derechos humanos; el rol de la sociedad civil, de las distintas corporaciones (la Iglesia, los medios de comunicación, los empresarios, los gremios y sindicatos) y de los Estados extranjeros, resultan algunos de los puntos de interés para transitar la descripción de los hechos que servirán de base para formular luego las reflexiones propicias. 

La visita de los alumnos y alumnas junto con el personal docente a un espacio como la ex ESMA, donde de un modo serio, objetivo y profesional se conmemoran a las víctimas del terrorismo de Estado, y se recrean -a través de muestras permanentes o transitorias, de imágenes y contenidos audiovisuales, entre otros recursos- los acontecimientos que han sido previamente estudiados y debatidos en el aula, resulta ser una experiencia invalorable para estos objetivos de los que hablamos.

 Todo ello, en pos de favorecer la comprensión general acerca de la relevancia de aprender de lo vivido, como garantía de no repetición, y como eje para la consolidación democrática de valores y derechos básicos, tales como la vida, la dignidad y la libertad en todos sus aspectos (de desplazamiento, de expresión, de prensa, de reunión y de conciencia).

Daniel Rafecas es titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. Entre otras causas, es responsable de la etapa de instrucción en los procesos penales por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo de Ejército.

 




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